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Fabricando desiertos verdes: políticas y actores que promueven los monocultivos de árboles

La actual expansión de monocultivos de árboles no es algo que haya ocurrido casualmente, porque se le ocurrió a algunos gobiernos. Por el contrario, es el resultado del accionar de un conjunto de actores que se plantearon promover tales plantaciones.

En la década de 1950 la FAO se constituye en el organismo ideólogo del modelo de monocultivos de eucaliptos y pinos en gran escala (como parte de la llamada Revolución Verde promovida por ese organismo) en territorios de países del Sur, como respuesta a las necesidades de grandes empresas industriales que estaban agotando sus fuentes tradicionales de materia prima.

En las décadas siguientes entran a tallar una serie de actores – Banco Mundial, FMI, BID, Banco Asiático de Desarrollo, procesos de Naciones Unidas sobre bosques (IPF, IFF, UNFF), agencias bilaterales como GTZ y JICA, empresas consultoras como Jaakko Poyry- que aportan argumentos, conocimientos técnicos, investigaciones y financiamiento para convencer a los gobiernos de las bondades del modelo. El modelo forestal fue cobrando cada vez mayor fuerza a medida que se fue forjando un voraz mercado consumidor –alentado por la propia industria- hasta lograr la enorme expansión actual.

Como resultado de esas influencias externas, los gobiernos del Sur terminaron conformando políticas de Estado de promoción de las plantaciones forestales, ya definidas y en gran medida calcadas –con leves variantes- en la mayoría de los países, teniendo como destino los mercados de exportación: la industria de cosméticos y recientemente los agrocombustibles para la palma aceitera, la madera y celulosa para los pinos, la industria de celulosa y papel para eucaliptos, el caucho para la industria automotriz.

Según las condiciones de cada país, las políticas de Estado adoptaron diversas formas de promoción, desde subsidios directos e indirectos (tales como exoneraciones de impuestos, reintegro parcial del costo de plantación, créditos blandos a largo plazo, desgravación de impuestos a la importación de maquinarias y vehículos, construcción de infraestructura, igualdad de beneficios para inversiones del exterior, investigación), hasta concesiones de tierras boscosas.

Los subsidios directos fueron instrumentales en países tales como Chile y Uruguay, mientras que la concesión de zonas de bosque con usufructo comercial de la madera y posterior conversión a plantaciones fue el principal mecanismo de promoción en Indonesia y Malasia/Borneo.

Al mismo tiempo, los estados se hicieron responsables de asegurar –sin costo para las empresas- el control social y, siempre que fuera necesaria, la represión de la oposición local. En la mayoría de los casos la represión forma parte de la “promoción”, tanto para asegurar el desalojo de comunidades campesinas e indígenas para traspasar sus tierras a las empresas en los casos de concesión –como ocurrió en Indonesia, Colombia, Papua Nueva Guinea, Swazilandia, Sudáfrica–, como para garantizar la estabilidad de la propiedad en manos de grandes empresas nacionales y extranjeras en los casos de venta de tierras.

En ambos casos, el Estado asume la función de garantizar la tenencia segura de la tierra por parte de las empresas, reprimiendo toda reclamación local, como ha ocurrido en el caso de los territorios de los Mapuche en Chile, los Tupinikim, Guaraní y Pataxó en Brasil, las comunidades afrodescendientes en Colombia, Brasil, Ecuador, las comunidades indígenas de Kalimantán Occidental en Indonesia y de Sarawak en Malasia, las etnias Lahu, Lisu y Palaung de Tailandia, por nombrar solo algunos.

En realidad, el desarrollo de la industria forestal se dio en muchos casos al amparo de dictaduras militares, como lo ilustran los casos de los países con mayores áreas de plantaciones: Indonesia durante el régimen genocida de Suharto, de Chile durante la dictadura de Pinochet, de Sudáfrica durante la época del apartheid y de Brasil durante la dictadura militar.

Como si los estímulos existentes a la promoción de plantaciones no fueran suficientes, el Protocolo de Kioto, acordado en diciembre de 1997 como parte de la Convención sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, se ha convertido en otro actor importante en la promoción de la forestación en gran escala, en la medida que habilita a los países industrializados a “compensar” sus emisiones de dióxido de carbono mediante el establecimiento de plantaciones forestales en países no industrializados. Como destacamos en la editorial, el Protocolo de Kioto avaló la creación del comercio internacional de emisiones, cuyo valor ascendió a US$ 30.000 millones en 2006. El mecanismo de mercado de los “bonos de carbono” termina siendo un nuevo subsidio para las plantaciones de árboles.

El nuevo negocio de los agrocombustibles constituye otra vuelta de tuerca en la promoción de la forestación industrial, creando una nueva boca de mercado para la palma aceitera como materia prima del biodiesel, y con perspectivas de abarcar otros cultivos de árboles, como el eucalipto, para la producción de etanol celulósico a partir de árboles transgénicos.

Pero a la par de la promoción de las plantaciones forestales se han dado procesos de resistencia a las mismas, que han adoptado diversas formas, desde mecanismos legales hasta luchas populares, y generalmente, ambas. El resultado es que los organismos del Estado se están viendo ahora presionados para adoptar medidas para limitar la expansión de estos monocultivos. Los siguientes son algunos ejemplos que sirven para ilustrar esto.

En Chile, el Parlamento aprobó recientemente el Proyecto de Acuerdo 416 que encomienda a la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente investigar y recopilar los impactos sociales, laborales y ambientales del modelo forestal, lo que ha implicado el pedido de informes a los ministerios y la citación de distintas personas a declarar ante la Comisión.

In Ecuador, la propuesta de Constitución de la CONAIE (Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador) para la Asamblea Constitucional incluye los siguientes conceptos: “Será objetivo permanente del Estado el desarrollo integral y sustentable de las actividades agrícola, pecuaria, acuícola pesquera, artesanal y agroindustria, que provean de productos de calidad para el mercado interno, con el objetivo de hacer realidad la soberanía alimentario de la población que debe priorizar la provisión de los requerimientos nutricionales sobre la producción de biocombustibles….” “El modelo agrario sustentable implica preservar y enriquecer la diversidad genética de los cultivos, la prohibición de lo transgénicos y las prácticas de monocultivos y, en general, todas las que reduzcan la variedad genética.” “Queda proscrito el acaparamiento de la tierra y el latifundio, cuyas tierras servirán para la integración del minifundio en unidades productivas, fomentar la propiedad comunitaria y la organización cooperativa”.

En Tasmania, el Concejo de la isla King prohibió las plantaciones en tierras agrícolas y eliminó de su planes a la forestación en tanto uso agrícola aceptable (ver Boletín Nº 115 del WRM). Ha habido una creciente movilización contra la empresa celulósica Gunns, realizándose una gran marcha en la capital Hobart en la que participaron unas 15.000 personas.

Cabe mencionar que algunas reglamentaciones vigentes han contenido la expansión indiscriminada de monocultivos forestales. Nos referimos a la Ley Nacional de Aguas de Sudáfrica (Nº 34 de 1998), que reconoce la reducción de los cursos de agua que pueden provocar las plantaciones de árboles y establece límites a su expansión.

Vía: Portal del Medio Ambiente (gracias por la traducción) / World Rainforest Movement

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